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Analizan impacto de nueva institucionalidad ambiental en el sector industrial regional

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Durante nueva sesión del Consejo de Desarrollo Sustentable de la AIA, el Gerente de Asuntos Regulatorios y Medioambientales de la Sofofa, Jaime Dinamarca, el orador invitado a este nueva reunión, instancia en la cual se analizó los pro y contra de la nueva ley 20.417 sobre medioambiente.

Con el propósito de abordar los alcances que tendrá, para el sector industrial del país y especialmente del regional, la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental que está pronta a ser promulgada, es que el Gerente de Asuntos Regulatorios y Medioambientales de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, Jaime Dinamarca Gárate, fue el invitado principal a una nueva sesión del Consejo de Desarrollo Sustentable de la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA.
Este abogado de la Universidad de Concepción y también profesor de Derecho Ambiental en diversas universidades del país, dio a conocer a los miembros de este Consejo los principales detalles de la nueva Ley 20.417, la cual determinó la creación del Ministerio del Medioambiente, el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, nueva institucionalidad que vino a introducir cambios sustanciales a la anterior Ley, la 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Así, haciendo un alto en su apretada agenda de actividades, Dinamarca concedió una entrevista exclusiva con el propósito de conocer su impresión respecto a esta nueva institucionalidad ambiental y del impacto que tendrá en el sector industrial y minero de la región.

1. ¿Qué es lo nuevo o cuáles son las modificaciones sustanciales que tiene la nueva institucionalidad ambiental en comparación a la anterior?
R. Son varias la verdad. En primer lugar para los nuevos proyectos de inversión vamos a tener un marco regulatorio más estricto, más exigente y más complejo, tanto para la elaboración de los proyectos como para la declaración de impacto ambiental, así como para la obtención de los permisos respectivos.
Los cambios que se introdujeron en la Ley 20.417 busca empoderar más a las comunidades locales, a los grupos de interés, lo cual obliga al inversionista a tener que realizar un esfuerzo considerable para poder obtener un permiso ambiental.
Respecto a los procesos de fiscalización, estos vas a ser mucho más intensivos, van a ser mucho más estrictos y drásticos en sus sanciones porque se ha creado una Superintendencia con amplísimas facultades, con un listado de sanciones y de medidas provisionales que a la postre pueden resultar muy complejas para la industria, con eventuales cierres temporales incluso si es que la autoridad estima que no se están haciendo bien las cosas.

2. A primera vista se nota que es una legislación mucho más dura y restrictiva que su predecesora. ¿Qué deben hacer las empresas ante el panorama que se avecina?
R. El antídoto frente a ello es que la industria debe ser mucho más proactiva en hacer auditorias de control, chequeando los permisos ambientales que se tiene, de modo de cerciorarse de que las condiciones ambientales que les pusieron a la hora de otorgarles esos permisos, se están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo, lo mejor es autodenunciarse para que, junto con la autoridad, determinen cuales son las medidas de corrección que deben de aplicarse.

3. Una vez que entre en vigencia esta nueva ley, cómo cree que podrá lograrse el equilibrio entre desarrollo vs/ protección ambiental, o sea, alcanzar el desarrollo sustentable. ¿Con esta nueva legislación, hacia donde se inclina la balanza en este tema?.
R. Yo diría que es una ley que está cargada mucho hacia la protección de la biodiversidad, cargada en el sentido de que antes que se decida si un proyecto se puede hacer o no, opta por decir que no se va a poder hacer ningún proyecto en un área protegida y sus alrededores. Esta ley pone mucho énfasis en la protección de la biodiversidad y ninguno en el tema del desarrollo productivo.
En ese sentido la actual Ley de base del medioambiente tiene una virtud, la cual es que busca un sano equilibrio y que no prejuzga, anticipa juicios positivos o negativos en cuanto a un proyecto productivo, permitiendo el ingreso de un estudio de impacto ambiental donde veremos si merece o no una calificación ya sea positiva o negativa.
En el caso de esta Ley de Biodiversidad dice “yo voy a proteger las áreas verdes, voy a crear mecanismos para las nuevas áreas protegidas, pero de antemano les anuncio que no voy a permitir que se haga nada de uso productivo de las áreas protegidas”.
En un país largo y angosto como Chile, esto puede ser problemático, pudiendo jugar en contra de la interconexión productiva del país, de la interconexión estratégica. Por ejemplo, líneas de transmisión que vengan del sur al norte o de norte a sur, carreteras, líneas de ferrocarriles gaseoductos, oleoductos, acueductos que son todos proyectos lineales que tienen que ir de un extremo a otro y que podrían verse complicados si te encuentras en el trazado con una o más áreas protegidas. No solo con áreas protegidas a las que se refiere este proyecto de ley sobre biodiversidad, sino que también hay áreas protegidas que tienen que ver con el valor turístico, arqueológico, cultural, indígena, etcétera.

4. Uno de los aspectos novedosos de esta Ley es que podrá decretar zona protegida a cualquier parte del territorio del país, áreas que no podrán siquiera ser tocadas para ser estudiadas como posibles zonas de explotación industrial. ¿Qué pasa con el desarrollo minero?
R. La posición del industrial es que hay que buscar un equilibrio. Naturalmente si tenemos áreas con un alto valor ambiental por su valor paisajístico o de biodiversidad, en cuanto a ser una reserva para la biosfera, obviamente debemos colocar como primera prioridad ese valor ambiental, pero admitiendo la posibilidad de que frente a un uso alternativo de carácter productivo, evaluemos todos juntos que podemos hacer para ello.
Analicemos las múltiples alternativas y compensemos en aquellos casos excepcionales en donde se ha ocupado parte de algunas áreas protegidas, pero que las han compensado creando un área protegida mucho mayor de la que están ocupando, en términos tales que la región sale ganando.
Ahora en el caso de esta región la cosa es mucho más compleja esta discusión, ya que aquí estamos hablando del subsuelo, de riquezas potenciales que no conocemos y que gracias al sistema de las concesiones de exploración, podemos descubrirlas. Pero si el día de mañana se prohíbe, incluso actividades de exploración minera en áreas protegidas, estaremos privándonos de un valor económico-productivo que no somos capaces de dimensionar hoy.

5. ¿Por qué de este cambio en la institucionalidad medioambiental?
Yo te diría que la industria ha sabido hacer bien las cosas en estos años, hemos logrado un crecimiento del PIB extraordinario. Hemos disminuido las tasas de pobreza de manera significativa. Hemos logrado valores medioambientales sorprendentes que nos tienen ubicado muy bien a nivel internacional.
Eventualmente podemos tener algún problema, alguna emergencia, pero son casos esporádicos. Además tenemos una institucionalidad de categoría mundial, muy equilibrada donde se ha buscado siempre el equilibrio entre la protección medioambiental y el desarrollo productivo, preocupándose siempre de los tres ángulos de la sustentabilidad que son la sustentabilidad social, económica y ambiental.
Mi deseo es que no abandonemos esa vía, que es muy sabia en cuanto a poder armonizar todos los intereses en juego. Es cierto, hay voces que solicitan una visión más estricta, más cerrada, siendo no lo suficientemente convincente como para poder convencer a la comunidad y a las autoridades de que Chile necesita que se agilicen los proyectos de inversión, ya que nos está costando mucho obtener los permisos y construir una línea de transmisión, siendo el doble de tiempo de hace 10 años atrás, así como también en cuanto a los permisos de construcción para una planta generadora de energía e incluso para nuevos proyectos de desarrollo minero.   
 
6. ¿Finalmente, qué puede hacer una institución como la AIA, la cual aglutina a las principales empresas de la región de todos los sectores productivos, para que se pueda mantener este equilibrio entre desarrollo productivo y protección al medioambiente?
Bueno, es fundamental el rol que puede asumir la AIA porqué necesitamos una voz que represente a los industriales. Los industriales están dedicados a producir, están 100% concentrados en temas productivos. Tienen que lidiar a diarios con temas como el costo de la energía, por ejemplo, o con los problemas del tipo de cambio que afectan a la competitividad del país.
Así es que mientras ellos están dedicados a esos problemas productivos, internos, ellos necesitan una voz que los represente ante la autoridad y también ante los demás grupos de interés. Aquí tenemos una sociedad muy organizada, muy empoderada y que exige también ser oída y participar en la toma de decisiones.
Lo que tenemos que conseguir, es lograr una cercanía con estos grupos de interés y lograr un dialogo fluido con ellos, generando con ellos una mayor confianza. Si todos nos comprometemos con lograr un desarrollo sostenible en el tiempo en la región, yo te aseguró que gran parte de los problemas que tuvimos no se volverán a repetir en el futuro, pero para eso necesito romper las desconfianzas y para eso se necesita un mayor involucramiento del mundo empresarial y en este sentido, el papel que juega hoy la Asociación en cuanto a mantener vivo la voy de los industriales frente a la autoridad, pero también ante la sociedad, juega un papel fundamental.