Columna de opinión de Fernando Cortez, gerente general AIA, publicada en El Mercurio de Antofagasta.
Existe amplio consenso en que nuestro país requiere realizar un cambio social importante en materias claves para el progreso y mejoramiento en la calidad de vida de las familias: salud, educación, pensiones, salarios, descentralización, participación, transporte, corrupción, transparencia, impuestos, medicamentos, competencia, profesionalización del estado.
Algunos de estos desafíos son abordables para tener respuestas en el corto plazo y, otros, requieren cambios más estructurales que demandará más tiempo construir los consensos e implementarlos. Hoy, el gobierno y las fuerzas políticas están trabajando para avanzar en estas dos dimensiones; por un lado, la agenda social y, por otro, el acuerdo constitucional. Qué duda cabe que ambas dimensiones son complejas y que no es fácil técnicamente encontrar las mejores soluciones sustentables para estas legítimas y urgentes demandas sociales.
Para que este proceso de cambios sea exitoso y, efectivamente produzca lo que todos esperamos – un mejoramiento en las condiciones de vida de la familia chilena – es indispensable asegurar la simultaneidad entre este cambio social y la continuidad operacional del país; es decir, del trabajo, servicios públicos, empresas, jardines infantiles, colegios, universidades, transporte, consultorios, hospitales, energía, etc. El cese de la continuidad operacional tiene el efecto exactamente contrario a lo se busca con la agenda social y constitucional.
Si el consultorio deja de atender y no entrega los remedios para enfermedades crónicas, se afecta directamente a uno de los grupos más vulnerables, los adultos mayores de bajos ingresos. Si la empresa (pública o privada) es saqueada, quemada o se interrumpe su proceso productivo, se afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras en aquello fundamental para la familia: el trabajo. Todos los trabajadores sabemos el impacto que tiene en nuestra familia la pérdida del empleo.
La gran mayoría de los chilenos reconocemos que, no obstante, los importantes avances en el país, hace muchos años que tenemos necesidades sociales no bien resueltas. Por esta razón, la movilización ciudadana pacífica tiene a nuestras autoridades repriorizando la agenda social. Con esta misma claridad hay que decir y reconocer que llevamos cinco semanas donde la continuidad operacional de los servicios y de las empresas está amenazada debido a acciones vandálicas y delincuenciales.
Porque los chilenos sabemos el valor de la democracia, debemos condenar unánimemente y aislar a aquellos que están atentando contra nuestra convivencia democrática.
Nuestras autoridades y líderes sociales y políticos, en nuestro Chile democrático, deben asegurar cambio social con continuidad operacional.
